Las entidades rurales presentaron al Ombudsman nacional, Eduardo Mondino, más de 1.300.000 firmas para pedir la suspensión de la resolución 125, que promovió las retenciones móviles.
Apartir de ahora, una vez comprobada la legalidad de las firmas, el Congreso tiene 12 meses para expedirse en torno al pedido. Será difícil ignorar la opinión de un millón de argentinos.
El reclamo del millón de argentinos que piden con su firma que el Congreso legisle cuestiones como éstas es un gran aporte para la institucionalidad.
El nombre constitucional del millón de firmas es “Iniciativa Popular” y fue incorporada en el artículo 39 de la Constitución Nacional, durante la reforma de 1994. La iniciativa popular es una herramienta de participación, incluida en nuestra Constitución, que nos permite a los ciudadanos, reuniendo una cierta cantidad de firmas, presentar proyectos de ley que el Congreso o la Legislatura tienen la obligación de tratar.
Este artículo establece que no pueden ser objeto de Iniciativa Popular los proyectos referidos a reforma constitucional, tratados internacionales, tributos, presupuesto y materia penal, y que cumplidos todos los requisitos, el Congreso está obligado a tratar el proyecto en un plazo de 12 meses.
Ahora bien, para que la ley propuesta sea admitida en la Cámara de Diputados de la Nación, debe ser acompañada por un número de firmas no menor al 1,5 % del padrón electoral federal, que represente como mínimo a seis distritos electorales. (www.iniciativapopular.org)
Apartir de ahora, una vez comprobada la legalidad de las firmas, el Congreso tiene 12 meses para expedirse en torno al pedido. Será difícil ignorar la opinión de un millón de argentinos.
El reclamo del millón de argentinos que piden con su firma que el Congreso legisle cuestiones como éstas es un gran aporte para la institucionalidad.
El nombre constitucional del millón de firmas es “Iniciativa Popular” y fue incorporada en el artículo 39 de la Constitución Nacional, durante la reforma de 1994. La iniciativa popular es una herramienta de participación, incluida en nuestra Constitución, que nos permite a los ciudadanos, reuniendo una cierta cantidad de firmas, presentar proyectos de ley que el Congreso o la Legislatura tienen la obligación de tratar.
Este artículo establece que no pueden ser objeto de Iniciativa Popular los proyectos referidos a reforma constitucional, tratados internacionales, tributos, presupuesto y materia penal, y que cumplidos todos los requisitos, el Congreso está obligado a tratar el proyecto en un plazo de 12 meses.
Ahora bien, para que la ley propuesta sea admitida en la Cámara de Diputados de la Nación, debe ser acompañada por un número de firmas no menor al 1,5 % del padrón electoral federal, que represente como mínimo a seis distritos electorales. (www.iniciativapopular.org)
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